Página/12
“Derogar la ley de la dictadura y dictar una ley democrática es indispensable para ir hacia una educación dialógica y emancipadora”, plantea Puiggrós. Para Merchán, “hay que poner mayores restricciones al ingreso de las telefónicas, pero peor es que ingresen bajo la política de hechos consumados”.
Tener una nueva ley de medios en nuestro país se ha convertido en una deuda histórica de la democracia. Hubo muchos intentos por derogar el decreto-ley de la dictadura modificado por el menemismo con su impronta neoliberal.
Se ha iniciado en el Parlamento el debate para saldar aquella deuda histórica y para ello se ha tomado en cuenta la participación de miles de sectores de la sociedad civil, de las organizaciones libres del pueblo que en diversas y múltiples circunstancias en los últimos cinco años hemos desarrollado un debate profundo para tener una nueva ley de radiodifusión. Desde la confección de los 21 puntos básicos por el derecho a la información hasta ahora se han desarrollado foros, cabildos abiertos, charlas, radios abiertas, asambleas que fueron sistemáticamente ocultados por los grandes medios concentrados de la comunicación, tratando de invisibilizar y silenciar innumerables expresiones populares a lo largo y ancho de nuestro país.
Una vez presentado el proyecto, el 27 de agosto pasado, los grupos mediáticos se encargaron de reproducir mayoritariamente las opiniones de quienes estaban en contra. Han buscado estereotipar al mismo como “ley de control de medios”, “ley mordaza” o “ley K de medios”. Creemos que el Poder Ejecutivo demoró demasiado en presentar este proyecto y que es necesario que se trate en este Congreso. Voces interesadas en mantener la actual ley 22.285 hacen un uso discrecional de la Constitución. Pareciera que hay diputados y diputadas cuyo mandato vale más que el de otras y otros legisladores. Argumentan que ésta es una ley de Estado, cuando todas las leyes son de Estado. Lo que hay de fondo son los intereses de grupos concentrados de la comunicación en preservar su desigual posición dominante por sobre otros.
Pudimos observar que el poder disciplinador de los grupos mediáticos no sólo fuerza opiniones en la oposición, sino también en el seno del PJ. De hecho fue un gran cómplice de su consolidación.
Si bien creemos que hay que hacer modificaciones sobre la nueva autoridad de aplicación, estableciendo menos discrecionalidad del Ejecutivo sobre la misma, logrando mayor control parlamentario, lo cierto es que si no se modifica la ley actual, la discrecionalidad del Ejecutivo es total, ya que debe nombrar a un interventor, si no estarían los representantes de las Fuerzas Armadas y la SIDE. Actualmente no hay ningún control parlamentario ni un consejo federal donde participen los distintos actores de la comunicación. No se garantiza el federalismo, puesto que no hay cuotas establecidas de producción nacional y de producción local y se permite que las cadenas informativas mantengan alarmados a las ciudadanas y los ciudadanos del interior del país por los paros de subtes que sólo ocurren en la Capital Federal.
Con la ley vigente se permite la concentración mediática. Con la ley actual no se resguardan los derechos de las mujeres, no se castiga la discriminación, no se resguardan los derechos de los pueblos originarios ni de niñas, niños y adolescentes. Todos temas que están en el proyecto que estamos discutiendo, que han sido incorporados enriqueciendo al mismo y reflejando un alto nivel de consenso.
Casualmente son los que se llenan la boca con palabras como “consenso” o que dicen defender las “instituciones” quienes desprecian este proyecto y nada expresan de cómo defender las instituciones democráticas de la presión asfixiante de las corporaciones económicas, en este caso las mediáticas.
Es cierto que hay corregir aspectos de su articulado, que hay que poner mayores restricciones al ingreso de las telefónicas, pero peor es que ingresen bajo la política de los hechos consumados o amparándose en que hay una ley vetusta que ya nadie controla ni hace cumplir. Estamos convencidos de que es necesario aumentar la libertad de expresión y dotar a la democracia de más democracia, por eso creemos necesario tener cuanto antes una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
* Diputada de la Nación, Libres del Sur.
A esta altura de los cambios tecnológicos, demográficos y sociales es difícil seguir sosteniendo que la educación de las elites servirá para volcar cultura al conjunto, especialmente cuando una de las condiciones de reproducción de aquellos grupos privilegiados es concentrar la información y la comunicación.
Son muchos los aspectos de la educación en los cuales interviene negativamente la falta de acceso pleno a los medios por parte de las mayorías. En primer lugar, se trata de la baja calidad de las emisiones que cotidianamente llegan a todos, del efecto adverso a la adquisición de una buena cultura que producen en todos los hogares, instaladas como ventana a la realidad. La televisión y la radio siempre realizan un trabajo educativo; puede ser de buena calidad, a la vez que entretenido, o puede ser nocivo sirviendo a limitados intereses particulares. La programación del Canal Encuentro valoriza el papel educativo del Estado y realmente por el interés que despierta podría motivar inversiones privadas en televisión educativa, cuando se apruebe una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El descontrol ético y legal de muchos medios crea situaciones profundamente negativas para la educación y deja convertidos en consumidores indefensos a quienes podrían enriquecerse culturalmente. El ingreso de nuevos sujetos privados sin fines de lucro y el ensanchamiento del sector público en el espacio de información y comunicación multiplica las posibilidades de que voces educadoras lanzadas al espacio mediático lo hagan con contenidos y estética transmisoras de una buena cultura.
En segundo lugar, es necesario seguir avanzando en la provisión de una computadora por chico, como está haciendo el Ministerio de Educación en las escuelas técnicas públicas, al igual que varios países latinoamericanos, pero ese esfuerzo puede resultar limitado, a menos que se dicten normas que garanticen la democratización y federalización del acceso a los servicios audiovisuales, la pluralidad de los prestadores y el acceso equitativo a todas las plataformas disponibles. Sólo así habrá posibilidades de disponer positivamente de los medios de información y comunicación en la educación formal.
En tercer lugar, debe tenerse en claro que en la actualidad no hay posibilidades de dar respuesta al derecho a la educación de millones de personas de todas las edades sin la incorporación de los servicios de comunicación audiovisual a la enseñanza. Es equivocado considerar que la mera extensión de las nuevas tecnologías mejora la calidad de la educación, dado el complejo de factores que intervienen en ese proceso, pero es indudable que los medios de información y comunicación pueden instalarse convalidando vínculos educativos autoritarios que siempre contienen la peligrosa tendencia de concentrarse, o bien pueden multiplicar los educadores, dar la palabra a los alumnos, poner en el espacio mediático a las instituciones educativas, generando nuevas formas de organización del trabajo pedagógico.
La Ley de Educación Nacional, Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños/as y adolescentes, así como la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires fijan horizontes en materia de derechos de los sujetos de la educación, es decir alumnos y docentes. Pero en su implementación y cumplimiento intervienen muchos factores. En tal sentido, los objetivos fijados en esas leyes y en el marco de los tratados internacionales con rango constitucional encuentran en el proyecto Ley de Servicios Audiovisuales, que está en discusión en la Cámara de Diputados, una extraordinaria herramienta para facilitar el cumplimiento de aquellos derechos. Por eso, derogar la ley de la dictadura y dictar una ley democrática es indispensable para avanzar hacia una educación dialógica y emancipadora.
* Diputada de la Nación, Frente para la Victoria."
“Derogar la ley de la dictadura y dictar una ley democrática es indispensable para ir hacia una educación dialógica y emancipadora”, plantea Puiggrós. Para Merchán, “hay que poner mayores restricciones al ingreso de las telefónicas, pero peor es que ingresen bajo la política de hechos consumados”.
Una deuda histórica
Por Cecilia Merchán *Tener una nueva ley de medios en nuestro país se ha convertido en una deuda histórica de la democracia. Hubo muchos intentos por derogar el decreto-ley de la dictadura modificado por el menemismo con su impronta neoliberal.
Se ha iniciado en el Parlamento el debate para saldar aquella deuda histórica y para ello se ha tomado en cuenta la participación de miles de sectores de la sociedad civil, de las organizaciones libres del pueblo que en diversas y múltiples circunstancias en los últimos cinco años hemos desarrollado un debate profundo para tener una nueva ley de radiodifusión. Desde la confección de los 21 puntos básicos por el derecho a la información hasta ahora se han desarrollado foros, cabildos abiertos, charlas, radios abiertas, asambleas que fueron sistemáticamente ocultados por los grandes medios concentrados de la comunicación, tratando de invisibilizar y silenciar innumerables expresiones populares a lo largo y ancho de nuestro país.
Una vez presentado el proyecto, el 27 de agosto pasado, los grupos mediáticos se encargaron de reproducir mayoritariamente las opiniones de quienes estaban en contra. Han buscado estereotipar al mismo como “ley de control de medios”, “ley mordaza” o “ley K de medios”. Creemos que el Poder Ejecutivo demoró demasiado en presentar este proyecto y que es necesario que se trate en este Congreso. Voces interesadas en mantener la actual ley 22.285 hacen un uso discrecional de la Constitución. Pareciera que hay diputados y diputadas cuyo mandato vale más que el de otras y otros legisladores. Argumentan que ésta es una ley de Estado, cuando todas las leyes son de Estado. Lo que hay de fondo son los intereses de grupos concentrados de la comunicación en preservar su desigual posición dominante por sobre otros.
Pudimos observar que el poder disciplinador de los grupos mediáticos no sólo fuerza opiniones en la oposición, sino también en el seno del PJ. De hecho fue un gran cómplice de su consolidación.
Si bien creemos que hay que hacer modificaciones sobre la nueva autoridad de aplicación, estableciendo menos discrecionalidad del Ejecutivo sobre la misma, logrando mayor control parlamentario, lo cierto es que si no se modifica la ley actual, la discrecionalidad del Ejecutivo es total, ya que debe nombrar a un interventor, si no estarían los representantes de las Fuerzas Armadas y la SIDE. Actualmente no hay ningún control parlamentario ni un consejo federal donde participen los distintos actores de la comunicación. No se garantiza el federalismo, puesto que no hay cuotas establecidas de producción nacional y de producción local y se permite que las cadenas informativas mantengan alarmados a las ciudadanas y los ciudadanos del interior del país por los paros de subtes que sólo ocurren en la Capital Federal.
Con la ley vigente se permite la concentración mediática. Con la ley actual no se resguardan los derechos de las mujeres, no se castiga la discriminación, no se resguardan los derechos de los pueblos originarios ni de niñas, niños y adolescentes. Todos temas que están en el proyecto que estamos discutiendo, que han sido incorporados enriqueciendo al mismo y reflejando un alto nivel de consenso.
Casualmente son los que se llenan la boca con palabras como “consenso” o que dicen defender las “instituciones” quienes desprecian este proyecto y nada expresan de cómo defender las instituciones democráticas de la presión asfixiante de las corporaciones económicas, en este caso las mediáticas.
Es cierto que hay corregir aspectos de su articulado, que hay que poner mayores restricciones al ingreso de las telefónicas, pero peor es que ingresen bajo la política de los hechos consumados o amparándose en que hay una ley vetusta que ya nadie controla ni hace cumplir. Estamos convencidos de que es necesario aumentar la libertad de expresión y dotar a la democracia de más democracia, por eso creemos necesario tener cuanto antes una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
* Diputada de la Nación, Libres del Sur.
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Liberar la comunicación
Por Adriana Puiggrós *Liberar la comunicación
A esta altura de los cambios tecnológicos, demográficos y sociales es difícil seguir sosteniendo que la educación de las elites servirá para volcar cultura al conjunto, especialmente cuando una de las condiciones de reproducción de aquellos grupos privilegiados es concentrar la información y la comunicación.
Son muchos los aspectos de la educación en los cuales interviene negativamente la falta de acceso pleno a los medios por parte de las mayorías. En primer lugar, se trata de la baja calidad de las emisiones que cotidianamente llegan a todos, del efecto adverso a la adquisición de una buena cultura que producen en todos los hogares, instaladas como ventana a la realidad. La televisión y la radio siempre realizan un trabajo educativo; puede ser de buena calidad, a la vez que entretenido, o puede ser nocivo sirviendo a limitados intereses particulares. La programación del Canal Encuentro valoriza el papel educativo del Estado y realmente por el interés que despierta podría motivar inversiones privadas en televisión educativa, cuando se apruebe una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El descontrol ético y legal de muchos medios crea situaciones profundamente negativas para la educación y deja convertidos en consumidores indefensos a quienes podrían enriquecerse culturalmente. El ingreso de nuevos sujetos privados sin fines de lucro y el ensanchamiento del sector público en el espacio de información y comunicación multiplica las posibilidades de que voces educadoras lanzadas al espacio mediático lo hagan con contenidos y estética transmisoras de una buena cultura.
En segundo lugar, es necesario seguir avanzando en la provisión de una computadora por chico, como está haciendo el Ministerio de Educación en las escuelas técnicas públicas, al igual que varios países latinoamericanos, pero ese esfuerzo puede resultar limitado, a menos que se dicten normas que garanticen la democratización y federalización del acceso a los servicios audiovisuales, la pluralidad de los prestadores y el acceso equitativo a todas las plataformas disponibles. Sólo así habrá posibilidades de disponer positivamente de los medios de información y comunicación en la educación formal.
En tercer lugar, debe tenerse en claro que en la actualidad no hay posibilidades de dar respuesta al derecho a la educación de millones de personas de todas las edades sin la incorporación de los servicios de comunicación audiovisual a la enseñanza. Es equivocado considerar que la mera extensión de las nuevas tecnologías mejora la calidad de la educación, dado el complejo de factores que intervienen en ese proceso, pero es indudable que los medios de información y comunicación pueden instalarse convalidando vínculos educativos autoritarios que siempre contienen la peligrosa tendencia de concentrarse, o bien pueden multiplicar los educadores, dar la palabra a los alumnos, poner en el espacio mediático a las instituciones educativas, generando nuevas formas de organización del trabajo pedagógico.
La Ley de Educación Nacional, Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños/as y adolescentes, así como la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires fijan horizontes en materia de derechos de los sujetos de la educación, es decir alumnos y docentes. Pero en su implementación y cumplimiento intervienen muchos factores. En tal sentido, los objetivos fijados en esas leyes y en el marco de los tratados internacionales con rango constitucional encuentran en el proyecto Ley de Servicios Audiovisuales, que está en discusión en la Cámara de Diputados, una extraordinaria herramienta para facilitar el cumplimiento de aquellos derechos. Por eso, derogar la ley de la dictadura y dictar una ley democrática es indispensable para avanzar hacia una educación dialógica y emancipadora.
* Diputada de la Nación, Frente para la Victoria."
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